ANTEPROYECTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA
ANTEPROYECTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA
La condición de víctimas, reducida a las del bando republicano
El Gobierno pretende unificar la condición de víctima del franquismo con la de víctima de la guerra civil, con lo cual reduce esta última condición a las víctimas de un solo bando, el republicano. El anteproyecto aprobado este viernes en Consejo de Ministros contempla que "las víctimas de la guerra y de la represión franquista o sus familiares podrán pedir su reparación moral mediante una declaración pública de reconocimiento que resolverá una comisión nombrada por el Parlamento". No se reconocen los asesinatos contra el clero, las checas, la brutal represión republicana, paracuellos o las mantanzas internas dentro del propio bando. |
L D (EFE) El título definitivo de la norma es "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", denominación a la que fuentes gubernamentales dan gran importancia porque "reafirma el espíritu y objetivo de la ley".
A lo largo de 25 artículos, tres disposiciones adicionales y tres finales, el proyecto recoge las medidas con las que el Gobierno pretende "la reparación de estas personas desde una filosofía de concordia y conciliación" y "sin pretensión alguna de reescribir" la historia o volver a interpretarla.
La memoria económica que acompaña al proyecto prevé que su aplicación tenga un coste global de 60 millones de euros, ya que incorpora la ampliación del ámbito de aplicación y la cuantía de pensiones e indemnizaciones a estas víctimas, así como a las de la última etapa del franquismo y los primeros años de la Transición.
El Valle de los Caídos, lugar de "culto permanente"
Además de un "reconocimiento general", se establece un procedimiento para conseguir una declaración individual de reparación, que será de índole moral y no económica, y que podrán hacer los propios afectados o sus familiares, en caso de que hayan fallecido. Las solicitudes se dirigirán a una Comisión Interministerial que tramitará los expedientes, si bien su resolución definitiva correrá a cargo de una comisión integrada por cinco personas "de reconocido prestigio en el ámbito de las Ciencias Sociales", designados por mayoría cualificada de tres quintos del Parlamento.
Se incorpora también un capítulo dedicado a los símbolos y monumentos públicos, que establece la retirada de placas o escudos que exalten sólo a una de las dos partes contendientes en la guerra, y especifica el régimen de uso del Valle de los Caídos, donde prohíbe los actos políticos o franquistas.
La localización, identificación y exhumación de víctimas de la guerra también se regula ahora, obligando a las administraciones públicas -comunidades autónomas y ayuntamientos- a facilitar las tareas para recuperar los cuerpos de los fallecidos en la contienda, fusilados y desaparecidos. 
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