La Fiscalía alerta del aumento de los robos con violencia en los ambientes juveniles

La Fiscalía alerta del aumento de los robos con violencia en los ambientes juveniles

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La radiografía que hace la Fiscalía de Cádiz sobre las caras que tiene la delincuencia en Cádiz, y que se recoge en su memoria del año 2005, desvela una preocupación por determinados fenómenos delictivos que están en alza, y que en muchos casos requieren no sólo de respuestas policiales y judiciales, sino también de carácter social y educacional. Entre estos delitos que necesitan de una actuación integral y que están en pleno auge, se sitúan los cometidos por menores o jóvenes, que acaparan numerosas páginas del citado balance.

Los robos violentos perpetrados en fin de semana y en ambientes juveniles son especialmente destacados por la Fiscalía, que considera que no se le ha dado la importancia que debiera, desde el punto de vista mediático, pese a que han experimentado un importante crecimiento: en 2004 se denunciaron 1.781 casos y en 2005 fueron 2.081. Los imputados en estas denuncias suelen ser grupos de jóvenes (la Fiscalía descarta denominarlos bandas por no reunir las mismas características), que atacan a sus víctimas, normalmente adolescentes, durante los viernes y los sábados. 'Estos grupos emplean normalmente para sus fechorías no armas de las que dispongan previamente, como navajas, sino cuchillos de grandes dimensiones tomados de las cocinas de sus respectivos domicilios'.

Esta moda de ir armados tiene como objetivo, según este análisis judicial, conseguir dinero para los gastos propios de los ladrones, que suelen cambiar esta tendencia violenta de los días festivos para reintegrarse 'el primer día de la semana a sus actividades ordinarias, normalmente escolares'.

Este incremento de los conflictos entre los adolescentes traspasa la lógica tradicional cuando se analiza el aumento destacado de los malos tratos que ejercen los hijos contra sus progenitores u otros miembros de la familia.

Precisamente, la Fiscalía de Menores considera que el pasado año estuvo marcado por el incremento de expedientes incoados relacionados con dos fenómenos concretos: el acoso escolar y la violencia doméstica.

Armados en el colegio

En los juzgados son cada vez más frecuentes las denuncias por agresiones en los centros educativos. Y ante tópicos que ligan estos conflictos con colegios e institutos asentados en zonas marginales, la memoria judicial especifica que estos incidentes se dan en todo tipo de centros, incluso en aquellos donde el alumnado pertenece a un estracto social más acomodado.

Los fiscales que asisten a las víctimas de este acoso escolar describen como en los testimonios de los adolescentes se habla de la tensión que reina entre los compañeros; una situación crispante que ha llevado a muchos jóvenes a portar entre sus pertenencias objetos punzantes para defenderse de los alumnos agresivos.

Además del ámbito escolar, la Fiscalía de Cádiz destaca los frecuentes casos de padres que denuncian ser agredidos por sus hijos. Y a semejanza de los casos de agresiones en los colegios, los protagonistas de estas historias no son niños o adolescentes procedentes de familias desestructuradas y con problemas económicos; sino que estos precoces maltratadores conviven en ambientes normalizados. Uno de los problemas detectados es la falta de autoridad que tienen los padres sobre sus hijos; lo que obliga a replantearse dónde puede estar el origen de esta creciente violencia juvenil.

En cuanto a las medidas judiciales que se les aplica a los jóvenes que incurren en delitos, la Fiscalía de Menores alude a la falta de plazas en los centros de internamiento; un problema de medios que está salpicando a los mismos procedimientos judiciales, como aparece reflejado en la memoria. 'Se están detectando retrasos importantes en la concesión de las plazas. Esto está generando dos consecuencias claras: la primera, la sensación de impunidad generada en el menor; y la segunda, el frecuente planteamiento de cambio de medida que por los letrados se viene haciendo, con el argumento del tiempo transcurrido desde que en sentencia firme se acordó la medida pendiente de ejecución'. Las dilaciones en los ingresos de los chicos pueden alcanzar entre los seis y los nueve meses.

La falta de recursos es un argumento reiterado en el análisis que realiza el Ministerio Fiscal que se ve impotente a la hora de aplicar la ley o de llevar a cabo una labor reeducadora cuando no existe la infraestructura adecuada que demanda el evidente aumento de la delincuencia juvenil y de los conflictos entre adolescentes.

Medidas que prescriben

La saturación de los centros de menores de la Junta no es el único problema al que se enfrentan los fiscales a la hora de dictar una sentencia. Dentro de las medidas que no son privativas de libertad, existe tal retraso en su aplicación, que al final termina por prescribir la pena impuesta y el menor no ha llevado a cabo la labor que le había encomendado el poder judicial. La Fiscalía ha detectado retrasos de más de un año en aplicar una norma disciplinaria.

Pero este desaguisado no termina aquí. En el documento se pone en duda la efectividad de determinadas medidas, que son fijadas porque no existen más opciones. 'Lo que resulta ciertamente carente de sentido es solicitarle a un menor, que haya lesionado a otro, una prestación en beneficio de la comunidad que cuando sea ejecutada consistirá en pintar el acerado y las calzadas municipales, por ejemplo'.

El modelo de reinserción se desdibuja por culpa de la precariedad de los recursos existentes. Así, otro ejemplo más de estas dificultades son los retrasos que también se observan en la ejecución de la libertad vigilada; lo que ha favorecido que los jóvenes reincidan en nuevos hechos delictivos mientras están esperando a que se les asigne un educador tras abandonar el internamiento de un centro.

Terra Actualidad - Vocento/VMT