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Chusca venganza de la Junta de Andalucía

Chusca venganza de la Junta de Andalucía
J. Cabeza de Vaca

http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?id=12278&idNodo=-5

La Junta de Andalucía ha ordenado a un colegio de Baeza, Jaén, la retirada de todos los crucifijos de un colegio. La circular que hizo pública el centro explica que se contempla una excepción: “la clase de Religión”, y añade con sorna: “mientras ésta todavía exista”.

La cosa no acaba ahí, sino que la Junta prohíbe la celebración de cualquier tipo de actividad extraescolar relacionada con la Religión. Adiós belenes. Y ya veremos si la cosa sigue adelante y empezamos con la Semana Santa...

No parece casual que esta decisión llegue inmediatamente después de la Nota de los obispos andaluces en la que se critican ciertos aspectos del proyecto de reforma del Estatuto andaluz. Pero esta actitud de la Junta, que merece los peores calificativos, no puede hacernos perder de vista que éste no es en absoluto un hecho aislado, y no sólo –ni hasta ahora principalmente- en España.

Un progenitor A o B se siente ofendido en su sensibilidad porque sus hijos van a una escuela pública ¡donde hay crucifijos! Este señor/a A o señor/a B critica que se expongan en el espacio público, que es de todos, símbolos de una fe que, en su opinión y la de muchos, deben quedar relegados al ámbito de lo privado. Las ideas anticatólicas de esta persona, por el contrario, sí deben merecer todo el amparo de la Administración Pública, aunque sea a cambio de recortar derechos a los católicos.

El meollo del debate está en el artículo 16.3 de la Constitución: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, que es en lo que se ampara la corriente de opinión laicista. Se olvida, sin embargo, que este artículo añade de inmediato: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”. En este caso, lo que se ha tenido en cuenta son los prejuicios anticatólicos de un progenitor, que tendrá sin duda a otros padres de su lado, pero también a muchos otros en contra.

La aconfesionalidad del Estado, que tuvo en España su principal valedor en la Iglesia, se refiere a la no imposición de un credo –o una ideología, ojo- a los ciudadanos. Pero una lectura torticera pretende transmutar su significado en belicosidad hacia cualquier manifestación religiosa, o mejor dicho católica.

Es inevitable que la educación esté impregnada de una visión del mundo. La católica, además, proclama su universalidad. Y refútelo quien pueda, pero sepa que su pretensión de que todas las culturas y religiones son relativas será también universal. ¿Aceptamos entonces una cosmovisión sí y otra no en la escuela pública?

La educación es un terreno muy sensible en el que se reflejan los ataques contra la libertad religiosa de una ideología con pretensiones totalitarias. Varios altos cargos del Gobierno y del Partido Socialista encabezaron la última manifestación del Orgullo Gay junto a pancartas y manifestaciones absolutamente ofensivas hacia Cristo y hacia la Iglesia. No pasó nada. La libertad se antepuso al derecho al honor y a la propia imagen. ¿Pero qué hubiera sucedido si los millones de personas que salieron a las calles en defensa del matrimonio hubieran actuado recíprocamente?

La pregunta no es retórica. Estados Unidos, que suele marcar las tendencias de futuro del mundo entero, ha iniciado una peligrosa senda de recortes en la libertad religiosa, tal como expone un reciente artículo en The Weekly Standard. Un bibliotecario ha sido denunciado por recomendar un libro pro familia escrito por un senador, que, por lo visto, hirió la sensibilidad de algunos profesores. Y, como publicó en su día Análisis Digital, varias personas han sido despedidas de sus empresas por oponerse al llamado “matrimonio homosexual”. Varios expertos prevén que el tratamiento que merecerá la oposición a esas uniones será similar al que deparan hoy la sociedad y las leyes norteamericanas a las manifestaciones de racismo.

El panorama parece sombrío. Pero no debemos ser tremendistas. Tiempos ha habido mucho más difíciles. La Junta de Andalucía, que gustosamente daría por muerta la Religión (“…mientras ésta todavía exista”), debería recordar que eso dijeron otros no hace 10 ni 15 ni 50 años, sino –así, a ojo- 1.970 años.

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