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Nuestra escasa y ahora debilitada democracia constitucional se ha caracterizado por una constante política socialista de menosprecio a la mayoría sociológica y religiosa que representan los cristianos católicos. Y ello, en todos los ámbitos de nuestra vida política, pero de forma prioritaria en el de la educación, donde el único objetivo político ha sido aplicar el programa del partido, el programa de una partitocracia laicista contra la libertad de educación. Ningún programa político puede estar en contra de los derechos y deberes de la Constitución Española (1978) ni de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
El programa socialista se ha aplicado contra la libertad de educación de los cristianos católicos, ya que la enseñanza de la Religión ha sido devaluada a medida que han ido ocupando las instituciones democráticas los diversos gobiernos socialistas en el poder.
Por más que las sentencias de los máximos tribunales de justicia del Estado siempre han reconocido que la enseñanza de la Religión es una asignatura fundamental y por tanto ha de estar en igualdad de condiciones académicas y pedagógicas que las demás materias, el programa del partido de los gobiernos socialistas nunca las ha respetado, jamás las ha cumplido. Al parecer, el programa social-laicista está por encima de la justicia democrática y constitucional, está por encima de los Derechos Humanos fundamentales, como es el de la libertad de educación religiosa y moral de las familias, sean cuales sean sus convicciones y creencias. Esto se ha convertido como en una tara neomarxista más de los mal contados 100 años de presencia de la ideología socialista en España, durante los cuales nunca las izquierdas han reconocido la labor multisecular de la Religión Católica en la Historia de España y Universal. De ahí, que no cumplan el Acuerdo Internacional con la Santa Sede y el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, que se hicieron en 1979 según la Constitución Española (1978).
El programa social-laicista ha ido asfixiando lentamente a la asignatura de Religión y a la labor docente de sus profesores, a los que, de forma oculta y maquiavélica, se les ha ido despojando de sus derechos y deberes como trabajadores de la enseñanza, hasta tal punto de que no han podido ejercer su trabajo con la misma dignidad y consideración social que los demás profesores. Junto a la asignatura, se les ha arrinconado en los centros públicos, negándoles el pan y la sal, impidiéndoles formar parte de los órganos de coordinación didáctica y pedagógica, ser tutores y desempeñar la jefatura de departamento tan necesaria para programar e impartir en condiciones la asignatura. En fin, se les ha acusado falsamente diciendo que dan catequesis, cuando en nuestro Estado aconfesional, que no laico, los profesores de Religión no imparten ningún catecismo. La catequesis se da en las parroquias. La Iglesia y los profesores de Religión, desde siempre, han tenido muy claro que en las aulas se evalúa el proceso de aprendizaje de los alumnos, teniendo en cuenta los conceptos, los procedimientos y las actitudes de la Teología, que es un conocimiento científico más que contribuye a la educación integral de los educandos. La fe no se evalúa, esto corresponde a la catequesis que se imparte en las parroquias a las personas que se inician o quieren madurar en la fe y la vida cristiana. De ello deberían haber tomado buena nota los ideócratas que han programado la LOE sin consenso, porque quieren que los alumnos sean evaluados en la ideología en el poder por medio del área obligatoria de Educación para la Ciudadanía; es decir, no evaluarlos en los valores democráticos y constitucionales que ya están de modo transversal en todas las áreas educativas, sino examinarlos de los contravalores totalitarios del laicismo y del pansexualismo de la ideología de género.
Y ahora con la LOE quieren imponer otro recorte más, que se añade a los muchos que durante años y años se han venido haciendo contra la asignatura de Religión, para que se hunda todavía más, sin que se note. Y ese nuevo recorte consiste en que seguirá siendo evaluable, pero sin el peso académico, científico y pedagógico que requiere toda asignatura, ya que no será computable para la promoción de curso ni para la nota media para el acceso a la Universidad. Es decir, quieren dejarla en la nada, como eran las actividades alternativas sin rigor no evaluables en la LOGSE.
Con la LOE, aumenta el desprecio hacia la mayoría de los alumnos y padres que eligen voluntariamente la Religión Católica, y también hacia la minoría de alumnos y padres que eligen las religiones judía e islámica y la confesión evangélica.
Y no será porque no tengan la solución al alcance de la mano: se les ha ofrecido quitar la obligatoria, estatalista e intervencionista área de Educación para la Ciudadanía y crear un área común de valores básicos constitucionales y democráticos, que tendría tres opciones a elegir por los alumnos y padres: la opción voluntaria de Religión confesional (católica, judía, islámica, la confesión evangélica y otras futuras religiones y confesiones) y la opción aconfesional voluntaria de Cultura Religiosa en sus diversas manifestaciones; y para los alumnos y padres que no opten por las anteriores, tendrían una educación en los valores básicos de convivencia constitucional y democrática. Todas estas opciones pluralistas serían evaluables y computables; es decir, tendrían el valor académico que requiere toda asignatura que se quiera dar con rigor y seriedad para beneficio de todos los alumnos. De este modo también saldrían dignificados y reconocidos en su quehacer docente los profesores de Religión, que, si son católicos, deberían moverse en el marco, al igual que la situación de la asignatura, del Acuerdo Internacional entre la Santa Sede y el Estado Español, de la Constitución Española y del Estatuto de los Trabajadores.
El partido socialista en el gobierno tiene otra oportunidad histórica para no volver a cometer los mismos errores con la enseñanza religiosa. Los Reales Decretos de Desarrollo de la LOE y las negociaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno actual deberían resolver esta cuestión, porque las generaciones actuales y las futuras han de ser educadas en la pluralidad y la libertad, en la convivencia democrática y constitucional entre creyentes y no creyentes.
Mientras en Europa se incentiva y protege el hecho religioso en la enseñanza, porque forma parte de la educación integral de las personas, aquí se nos quiere imponer un programa social-laicista de partido que sigue anclado en la misma mentalidad trasnochada del laicismo antirreligioso, que en las democracias constitucionales del siglo XXI ya es un cadáver enterrado para siempre porque hiede a totalitarismo y despotismo.
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