Aprobado legal, fracaso moral

Aprobado legal, fracaso moral

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Los resultados del referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña muestran unos hechos obvios. El primero es que el SI ha vencido claramente.

El Estatuto, por consiguiente, contará el beneplácito de su legalidad, a reserva de lo que pueda llegar a establecer el Tribunal Constitucional. Al tiempo, también es evidente que sólo un 37% de las personas con derecho a voto lo ha apoyado.

El resto se ha dividido entre una abstención extraordinariamente alta, el NO y los votos en blanco.

Los resultados han sido netamente peores que los del Estatuto de 1979, tanto por lo que se refiere a la abstención como a los votos afirmativos y negativos.

Es evidente que se trata de un Estatuto que no ha despertado la adhesión de las personas. Seguramente sobre este dato influyen tres factores.  Uno, los contenidos, como en el caso del Título I que por sí solo ha dado pie a una campaña contraria a su apoyo por parte de las organizaciones cristianas.

Otro es el procedimiento seguido a lo largo de dos años y medio y que ha creado una sensación pésima en torno a los políticos catalanes entre la propia sociedad.
El tercero, y no menor, la percepción de que el Estatuto ha monopolizado de una manera exclusiva la atención de la política y han quedado relegadas cuestiones vitales como la seguridad, la inmigración, la vivienda y tantas otras que influyen en la vida cotidiana.

Podríamos decir que el Referéndum ha dado pie a un grito: “¡Estamos hartos!”

Una segunda consideración, nada menor, es comparar los resultados que los partidos del bloque del SI y del NO alcanzaron en las pasadas elecciones autonómicas. La conclusión salta a la vista: Todos pierden posiciones. El bloque del SI, a pesar de su potencial político, económico y mediático se ha situado seis puntos por debajo de la cifra registrada en las elecciones para el Parlamento de Cataluña. El NO, por su parte, ha perdido siete puntos.

Que cada cual lo lea como quiera pero nos parece evidente que existe un rechazo ciudadano generalizado que incluso puede medirse.

En efecto, una participación razonable se puede considerar que se habría situado entre el 60 y el 65% (aunque en términos de salud social sería francamente baja). Estos 10-15 puntos de diferencia que representan entre algo más de medio millón y setecientas cincuenta mil personas es el valor de la abstención política específica.

Esta cifra, a su vez, es coherente con la encuesta llevada a cabo por el Instituto de Estudios del Capital Social – CIDE de la Universidad Abat Oliba-CEU, en el sentido de que en la perspectiva de las próximas elecciones autonómicas hay del orden de medio millón de ciudadanos que votaron en las anteriores y que ahora dicen que no saben a quien votarán. Es decir, que de momento no piensan repetir la confianza al partido que en su día apoyaron.

El Estatuto encierra en este sentido un profundo fracaso moral que afecta a todas las fuerzas políticas, pero de manera singular a aquellos que tienen un mayor poder, que además han ejercido a fondo.

De esta partida Pasqual Maragall y Rodríguez Zapatero reciben, propaganda al margen, un duro golpe. El pretendido carisma de ZP en Cataluña no ha funcionado y lo único que ha conseguido es una desafección socialista, precisamente en sus feudos principales.