Todos contra el PP Fascismo popular

Todos contra el PP  Fascismo popular

Jaime Ignacio del Burgo

 Resulta que la actitud del PP al sostener la validez del texto constitucional es una manifestación del inmovilismo conservador y fascista que anida en la derecha española. 

En los últimos tiempos cuando alguien se propone descalificar al Partido Popular le basta con tildarle de fascista, ultraderechista o ultraconservador. Si la descalificación sale de la boca de un nacionalista, en tal caso se añade a los anteriores el calificativo de antivasco o anticatalán. Pondré algunos ejemplos.

El Partido Popular acaba de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra un montón de preceptos del nuevo Estatuto catalán. Desde Convergencia y Unión un hombre con fama de ponderado como Durán y Lleida ha salido en tromba contra el PP al que acusa de perpetrar un acto "contra Cataluña". Algunos dirigentes socialistas tampoco se han quedado mancos. Es el caso de la vicepresidenta primera del Congreso, Carmen Chacón, para quien es hora de que el PP deje de hacer política "contra Cataluña". Esto no se entiende muy bien. Porque la Constitución faculta al presidente del Gobierno, a cincuenta diputados o cincuenta senadores, al defensor del Pueblo –que ya ha anunciado que interpondrá recurso contra el Estatuto– y a las Comunidades Autónomas para acudir al Tribunal Constitucional en demanda de inconstitucionalidad si consideran que una norma legal vulnera la Constitución. Más comedido ha estado Alfonso Perales, secretario de acción institucional del PSOE, que sin ahorrar severas críticas al recurso, reconoce que se trata de un acto de "normalidad democrática". El PP no ha hecho otra cosa, en consecuencia, que ejercer un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico al acudir al árbitro constitucional. Mientras el Tribunal no resuelva el recurso las espadas estarán en alto.

Defender la Constitución de 1978, la más avanzada del planeta al menos hasta el momento de su promulgación, suponía hasta hace bien poco asumir una actitud democrática y progresista. Pues no. Resulta que la actitud del PP al sostener la validez del texto constitucional es una manifestación del inmovilismo conservador y fascista que anida en la derecha española. Y cuando el Partido Popular anuncia que llevará a su programa electoral una serie de propuestas para defender tanto el Estado de las autonomías como la necesidad de un Estado viable capaz de garantizar la igualdad y la solidaridad básica de todos los españoles y el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales se le reprocha haberse convertido en un grupo fascistoide y jacobino, nostálgico del viejo Estado centralista.

Algo parecido ocurre en la lucha contra el terrorismo. Rodríguez Zapatero ha decidido negociar con ETA un nuevo estatus político para el País Vasco. Quiere conseguir la refundación de la convivencia en Euskadi tendiendo la mano a los Txapote y compañía, pese a que no muestran el menor signo de arrepentimiento por la magnitud de sus crímenes horrendos. Los terroristas exigen el reconocimiento de una nación virtual a la que llaman Euskal Herria y por cuya liberación hasta ahora han asesinado a la gente. Quieren también la autodeterminación (ahora suelen enmascararla bajo el eufemismo del "derecho a decidir sobre todas las opciones") y la anexión de Navarra. Hasta hace un par de años, el PP y el PSOE iban juntos en este asunto. Incluso a propuesta de Rodríguez Zapatero ambos partidos firmaron el pacto por las libertades y contra el terrorismo, incompatible con el pacto de Estella donde se ya se contemplaban las mismas exigencias. Socialistas y populares venían sosteniendo de común acuerdo que el Estatuto de Guernica constituía una estación término. Reformas, sí, pero dentro del marco de la Constitución y sin echar abajo el edificio estatutario.

Todo esto se ha ido al traste. El presidente se ha comprometido a constituir una mesa de partidos, que se cisca en las instituciones parlamentarias. No puede integrar Navarra a Euskadi, porque habría que pasar por un obstáculo imposible de superar, hoy por hoy, como es el referéndum. Pero tal vez tenga la posibilidad de entregar el gobierno de Navarra a los nacionalistas pues el PSOE puede ser la llave de la gobernación del viejo Reino si UPN en mayo de 2007 pierde su actual mayoría absoluta. Al presidente, con tal de "echar" a UPN del poder, no le importa ordenar a sus comilitones navarros pactar con quienes pretenden incorporar a Navarra en Euskadi y la ruptura de la unidad de España. El siguiente paso será sentar a Navarra a la mesa de diálogo multipartito y pactar alguna fórmula de unión confederal (Consejo o Dieta vasco-navarra). Los abertzales podrían sostener que han logrado el objetivo de la unidad territorial de Euskal Herria bajo la fórmula –transitoria– de una nación, dos Gobiernos. Rodríguez Zapatero, acostumbrado a chapotear en los límites constitucionales, se escudará en que todo esto no vulnera la Constitución y que él se limita a respetar la libre voluntad de los navarros.

Como Mariano Rajoy se opone a esta locura la respuesta es brutal: el PP es el principal enemigo de la paz. Los populares viven mejor contra ETA, aunque maten a los suyos. Esto contrasta con la actitud razonable y constructiva de Batasuna, dirigida por un hombre de paz como Arnaldo Otegi. Con todo ello, dicen los corifeos progubernamentales y nacionalistas, el PP se queda solo y demuestra una vez más su radical antivasquismo. Lo peor es que la impresionante potencia mediática al servicio del Gobierno ha conseguido que muchos se lo crean. Queda aún otra acusación. Si el proceso fracasa y ETA vuelve a las andadas, la culpa será del PP.

También resulta atronador el estruendo contra los populares por denunciar los riesgos que comporta la campaña en favor de la recuperación de la memoria histórica. Parece como si el presidente quisiera vengar setenta años después la trágica muerte de su abuelo. Aquello fue un asesinato inicuo, como lo fue la propia guerra fruto de un gran fracaso colectivo. En la transición decidimos pasar página, mirar hacia adelante, no volver a encender la chispa del enfrentamiento civil y sobre todo no juzgar ni a vivos ni a muertos por lo que hicieron o dejaron de hacer en aquel triste y negro episodio de la historia de España. El pacto constitucional para la democracia de 1978 fue posible gracias a ese espíritu de reconciliación. Rodríguez Zapatero ha decidido ahora ganar él la guerra. Los buenos fueron los republicanos y los malos los del bando nacional, aunque en su familia hubiera de los dos. El PSOE, el PC y ERC deben sentirse orgullosos de su pasado porque en él no hay mácula alguna. El Partido Popular, en cambio, es cínico e hipócrita. Dice no querer reabrir las viejas heridas fratricidas, pero en realidad se niega a recuperar la memoria porque es el heredero político del franquismo. Por eso, el PP –a la CEDA republicana le colgaron también el mismo sambenito para impedirle gobernar– es intrínsecamente desleal al sistema democrático.

Con tales patrañas se trata de hacer creer a las nuevas generaciones de españoles que el Partido Popular se solidariza con los alzados y por eso se niega a condenar los desmanes del bando ganador durante y después de la incivil guerra. Y es que la sede de Génova es una guarida de fascistas. Nada importa que el Partido Popular sea un partido nacido en la democracia y para la democracia que niega toda legitimidad a quienes, como ocurrió en el pasado, ocuparon el poder mediante la violencia para imponer regímenes totalitarios (Resolución Comisión Constitucional del Congreso de 20 de noviembre de 2002). Rodríguez Zapatero olvida además que, si se recupera la memoria histórica, ni los socialistas ni los comunistas ni los separatistas catalanes tienen motivos para sentirse orgullosos de sus insurrecciones revolucionarias y de las atrocidades cometidas durante la guerra, algunas de ellas de carácter genocida como el intento de exterminio de la Iglesia Católica y la masacre de Paracuellos.

En fin, todo vale con tal de aislar e incluso amordazar al Partido Popular. Se intenta cegar cualquier posibilidad de alternancia en el poder inherente a todo régimen de libertades. ¿Ha pactado Rodríguez Zapatero con los nacionalistas su perpetuación en el gobierno del Estado (antes gobierno de la nación) a cambio de entregarles el dominio de la periferia vasca y catalana? Todo induce a pensar que sí.

Ante esta situación, el Partido Popular –y perdón por meterme a redentor- deberá mantener sus principios y convicciones reforzando su habitual línea centrista tal y como lo hace su presidente nacional Mariano Rajoy. Le sugiero, no obstante, que urja a quienes creen ser sus barones que no se dejen seducir por los consejos de sus adversarios sospechosamente empeñados en enseñarles qué han de hacer para ganar las próximas elecciones. Recomendación que debería incluir la conveniencia de no generar confrontaciones entre ellos pues sólo provocan desmoralización en los propios y regocijo en los del otro lado. En segundo lugar, habrá que movilizar a la ingente militancia popular y convertirla en una legión entusiasta de agentes electorales. En tercer lugar, convendría revisar la política de comunicación –que no de oposición– del partido para que sus mensajes lleguen con nitidez al electorado y pueda transmitirse a la ciudadanía que si quiere que las cosas cambien la única solución posible será ganar las próximas elecciones y eso sólo se consigue yendo a votar. En suma, habrá que convencer al electorado popular que no espere la llegada de ningún Mesías salvador. Las palabras clave son esfuerzo, responsabilidad, ponderación, disciplina, propuestas que produzcan ilusión, honradez –honradez, sí, honradez–, capacidad de convicción y fe en el triunfo. Sabiendo que, como dice el refrán, no hay mal que cien años dure.

 

Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP

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