2006: La libertad y España en liquidación.
Si hubiera que resumir la política del Gobierno durante este año, habría que decir que ha sido un ataque radical a España y a la libertad. El régimen constitucional de 1978, caracterizado por el esfuerzo en lograr la Transición y el consenso, lo ha sustituido el partido socialista, por apartar de la escena política al principal partido de la oposición que representa a la mitad de los españoles, aliándose con partidos nacionalistas y de forma más significativa con el terrorismo de ETA, para seguir ostentando a toda costa el poder.
El coste moral y político que los socialistas están pagando, en contra de una gran mayoría social, no se había producido nunca en estos veintiocho años de nuestra Constitución, con la aprobación del inconstitucional Estatuto de Cataluña, que vulnera la unidad indisoluble de la nación española y el principio de solidaridad con el resto de las Comunidades. En esta deriva identitaria y nacionalista, le ha emulado el innecesario Estatuto de Andalucía, en donde se hace referencia a la confusa realidad nacional. El vacuo programa del presidente del Gobierno, lo ha suplido con la apuesta electoral por un mal llamado proceso de paz con la banda terrorista ETA, aderezado de propaganda manipuladora, y transgrediendo el Estado de Derecho de forma flagrante. Ha olvidado que no es posible la paz sin la justicia y la libertad. El Fiscal General del Estado se ha plegado a merced y servicio de los intereses partidistas del Gobierno y no del interés general de la Ley. Se ha inoculado en la sociedad la necesidad de que los Jueces interpreten la nueva realidad social y se ha roto el consenso por el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Partidos Políticos y el Pacto Antiterrorista. Jueces como Garzón, han servido de correa de transmisión de tales directrices políticas, no así la gran mayoría del poder judicial, que se han negado a prevaricar, haciendo cumplir la Ley. El resultado es que nunca ETA se había rearmado tanto y había llegado tan lejos, internacionalizando el conflicto, pidiendo la legalización de Batasuna, la excarcelación de presos, la autoindependencia del País Vasco y la anexión de Navarra.
Este proceso de transgresión al Estado de Derecho, impulsado y alentado por el Gobierno socialista, no ha llegado a consumarse del todo ante la oposición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, referente moral de la memoria, dignidad y justicia de las víctimas y la sociedad. No han faltado ataques de los socialistas para descabezar a su presidente, montar asociaciones alternativas proclives al proceso de rendición del Gobierno ante la ETA, amedrentando a sus manifestantes vociferantes, a los que nunca se reconoció su millonaria asistencia en las manifestaciones. Los responsables socialistas han denigrado a un asistente discapacitado a una manifestación con tretas abyectas; han realizado falsos montajes en el caso Bono, por el que se condenó a varios policías afines a los dictados políticos, de falsedad en documento público y detención ilegal contra dos militantes del partido de la oposición. Una gran parte de la sociedad civil, ha comenzado a despertar del anestésico de la paz y de la propaganda oficial del Grupo Prisa, saliendo a la calle, como nunca antes en democracia había ocurrido. Esto unido a que gran parte del poder judicial no ha estado dispuesto a prevaricar y la tarea del partido de la oposición, están dificultando la liquidación por derribo del actual régimen constitucional, que propugnaba el Gobierno ante la realidad virtual de “Matrix” que pretenden vendernos.
Solo algunos medios de comunicación independientes como la COPE o El Mundo, han investigado de forma infatigable, lo que, ni el Gobierno, ni el Juez del Olmo han querido investigar, aceptando las pruebas falsas aportadas por algunos policías corruptos en el atentado más importante de España, el del 11-M, en el que seguimos sin saber quiénes han sido los autores intelectuales, ni la dinamita que explotó, ni las conexiones con ETA, ni un largo número de pruebas falsas que hacen ineficaz el sumario por falta de pruebas. Hay una pregunta necesaria, como dirían los clásicos: “cui prodest? ”, a quién beneficia, máxime cuando este grave atentado supuso el cambio de Gobierno en la víspera electoral, con el “golpe de estado” mediático del actual Gobierno del 14-M.
El Gobierno socialista, en un intento de transformación de la sociedad, a modo de ingeniería social, no ha cejado en los ataques a la libertad de las personas, con una política intervencionista, haciendo gala de la interpelación de Lenin: ¿libertad, para qué? Ha sido escandalosa la actitud partidista que ha adoptado el Gobierno a favor de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, con su estrepitoso fracaso y consiguiente reprimenda de la UE, todo para cumplir un compromiso con sus socios nacionalistas catalanes. Se ha cuestionado la Fiesta Nacional; se ha querido implantar la dictadura de la salud en la prohibición de las hamburguesas, el vino o el tabaco; se ha pretendido limitar el agua que debíamos utilizar; ha habido ingerencias hasta en la forma de conducir: ”no podemos conducir por ti”; se ha llegado incluso, por el recién tripartito, a cuestionar la propiedad privada con la expropiación temporal de viviendas. Se pretende silenciar la libertad de expresión con la creación de un órgano administrativo dentro de la Ley Audivisual, a modo de censura típica de las dictaduras. Se confunde de intento, la aconfesionalidad del Estado, con la supresión de cualquier expresión religiosa. Se sustituye la libertad religiosa por el laicismo más rancio, a modo de la tan invocada II República, con tintes de anticatolicismo. Se tacha a las religiones de fundamentalistas para, acto seguido, imponer el fundamentalismo relativista y laicista de su propia “religión” a través de la asignatura educación para la ciudadanía, en la que el aborto o el matrimonio de personas del mismo sexo son libertades logradas. La escalada laicista llega hasta límites insospechados alentada por el propio Gobierno socialista: se tira a la papelera y se queman belenes; se pretende retirar símbolos religiosos de las aulas e instituciones, y reducir las clases de religión so capa y como justificación de un mal entendido multiculturalismo.
La gestión calamitosa del Gobierno intervencionista se muestra en la crisis de Forum y Afinsa, el aeropuerto del Prat, o Air Madrid. La política de inmigración ha supuesto un claro efecto llamada, con grave irresponsabilidad y con críticas aceradas de la UE. La Ley de Paridad no deja de ser un insulto a la mujer. La Ley de Violencia Doméstica no ha hecho más que agravar el problema. La corrupción urbanística aflora en lugares ligados al partido socialista. La Ley de Memoria Histórica, para reabrir las heridas de la Guerra Civil, superadas por la Transición. La política exterior, es sencillamente inexistente. España ha apostado por el tercermundismo de los dictadores como Castro, Evo y Chavez. El presidente del Gobierno se erige en el precursor de la Alianza de Civilizaciones con Erdogán y Annan, cargado de tintes antiamericanistas y antisionistas, siendo aplaudido por los terroristas de Hezbolá, con la famosa pañoleta palestina o kefiya. Con el Vaticano se pretende puentear a la Conferencia Episcopal Española, y se recibe a Benedicto XVI con falta de respeto protocolario, confundiendo de propósito el regalo a la vicepresidenta de un rosario por el de un collar.
La situación social que en este año ha generado este Gobierno, con expresión de la eurodiputada socialista Rosa Díez, es de encanallamiento. Esperemos que los ciudadanos españoles ante los próximos comicios municipales y autonómicos, y quién sabe si de adelanto de las elecciones generales, sepan depositar su confianza en quien defienda la libertades y la unidad de España, plasmadas en la Constitución.
Javier Pereda Pereda.-
Abogado -Jaén
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