Revista de prensa

La supuesta lucha entre democracia y fascismo

La supuesta lucha entre democracia y fascismo

26.07.06  www.estrelladigital.es

Una muy voluminosa bibliografía presenta la Guerra Civil española como la lucha entre la democracia y el fascismo, entre el progreso y la reacción, entre la libertad y el oscurantismo. Sin embargo, ¿podemos llamar defensores de la libertad, etc., a los componentes del Frente Popular, es decir, a comunistas, anarquistas, socialistas, republicanos de
izquierda, nacionalistas catalanes y racistas vascos? Pocos sostendrán hoy en serio que el anarquismo o el stalinismo tengan algo de demócratas, pero mucha gente tiene la errónea impresión de que los socialistas y los republicanos de izquierda sí lo eran. En cuanto a los republicanos conviene advertir de que se trataba de partidos pequeños, mal organizados y muy rivales entre sí. Una causa clave de la Guerra Civil fue que estas izquierdas no admitieron la victoria electoral
de la derecha moderada en 1933, respondieron a ella con maniobras golpistas, y terminaron aliados con las izquierdas más extremistas y revolucionarias. Para ellas la democracia consistía en su propio poder, sin admitir alternancia.

Mucho peor fue el caso del PSOE (Partido Socialista Obrero Español). Largo y otros líderes, en especial Prieto, marginaron a los socialistas moderados de Besteiro, y organizaron la insurrección armada, concibiéndola, textualmente, como una guerra civil, para imponer la dictadura del proletariado. La intentaron en octubre de 1934, causando 1.400 muertos, y fueron derrotados. Ello apenas les hizo cambiar de actitud, y en 1936 volvieron a crear un proceso revolucionario.

Quedan como posibles demócratas los nacionalistas catalanes y los separatistas vascos. Los nacionalistas, vascos o catalanes, aspiraban a usar los estatutos de autonomía para, desde el poder regional, avanzar a la secesión e imponerse
radicalmente sobre la masa de población ajena a sus ideas.

Para apreciar el carácter de las izquierdas debemos atender a otro rasgo crucial de ellas: su sumisión a Stalin, el gran defensor de la democracia española, si hubiéramos de creer a la propaganda. Quienes equiparan las intervenciones de Hitler y Mussolini con la de Stalin cometen un grueso error de perspectiva, en dos sentidos. El fascismo de Mussolini había sido poco sanguinario, y Hitler no se había revelado todavía como el genocida de la guerra mundial, mientras que nadie podía dudar de la crueldad exterminadora de Stalin, cuyas víctimas sumaban ya millones.

Estas razones destruyen, en mi opinión, las pretensiones de que las izquierdas defendían la democracia.

Pretensiones realmente grotescas cuando examinamos de cerca los sucesos, pero de las que yo mismo partía cuando comencé a investigar sobre las fuentes primarias. Debe reconocerse que la larga persistencia de esta falsedad, evidentísima
a poco que se reflexione en ella, su entronización en libros de Historia y discursos políticos en medio mundo, constituye uno de los logros propagandísticos más notables del siglo XX. El mérito, si así lo queremos llamar, de ese logro debe acreditarse sobre todo a los comunistas, precisamente la fuerza más antidemocrática de ese siglo.

Pío Moa

Para saber más recoemndamos los libros de Pío Moa y artículos en www.libertaddigital.es

No se ha aprendido la lección que la Historia dio, hace 70 años

No se ha aprendido la lección que la Historia dio, hace 70 años

26.07.08  www.alfayomega.es

Dieciocho de julio
La revista Humanitas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la que agradecemos la cortesía de permitirnos la reproducción, dedica su número de julio-septiembre a la guerra civil española. Recogemos a continuación algunos fragmentos de tres interesantes artículos. El primero, escrito por el académico de la Historia don Luis Suárez Fernández, repasa la etapa previa a la guerra civil. El segundo, del historiador don Pío Moa, explica la falta de democracia en las organizaciones de izquierdas. El tercero, del académico de la Lengua don Luis María Ansón, se refiere a la ideología de los republicanos

 

Se conmemoran en nuestros días los
setenta y cinco años del advenimiento
de la República, bajo un curioso
signo de contradicción, pues España
es una monarquía, a cuya legitimidad
histórica es preciso atribuir la paz conseguida
por medio de una transición hacia
sistemas democráticos y paneuropeos. Es
cierto que la República, implantada mediante
elecciones municipales que dieron
en el conjunto del país más votos monárquicos
que republicanos, aunque éstos se
impusieron en las grandes ciudades, fue
recibida en España con entusiasmo como
si ella fuese capaz de resolver los graves
problemas sociales y económicos. Se cometió
desde el primer momento un error:
confundir lo que es una forma de Estado
con un régimen político. De acuerdo
con este planteamiento, la República era
exclusivamente de izquierdas, debiendo
ser las derechas eliminadas. Las cosas
llegaron tan lejos que cuando, en 1933,
el voto ciudadano osciló hacia la derecha,
los socialistas se negaron a admitir que
pudiera ésta hacerse presente, ni siquiera
en uno o dos ministerios. De acuerdo con
su mentalidad, indujeron a sus seguidores
a tomar las armas y lanzarse a una
revolución (octubre de 1934), que fracasó,
entre otras razones porque había sido
improvisada.
De todas formas, la contienda parecía
inevitable por el nivel de odios y
represalias, entre las que se incluyeron
centenares de asesinatos y destrucción
de iglesias. Franco, que era el más
prestigioso de los generales, pidió al
ministro de la Guerra que detuviera el
desastre reuniéndose con los militares
para buscar una fórmula de restablecer
el orden y no fue escuchado. No tuvo
otro remedio que elegir y escogió, siendo
católico, el bando de los sublevados.
El Gobierno del Frente Popular no mostraba
preocupación por el proyecto; pensaba,
en buena lógica, que fracasaría, y
esto le daría los medios de una represión
definitiva. Contaba con medios económicos,
militares y de masas más que
suficientes.
De hecho, el alzamiento fracasó en
la mayor parte de España. Pero se pasó
a una guerra civil porque todos los elementos
situados fuera del Frente Popular
decidieron la resistencia. El Gobierno,
además, se vio desbordado, pues, para
socialistas, anarquistas y comunistas,
había llegado el momento de hacer la
revolución.
El 18 de julio de 1936 –hace setenta
años–, muerto además el jefe del
pronunciamiento, Sanjurjo, se inició la
Guerra Civil.
Conviene no exagerar. La proporción
de víctimas, en el combate o en
las represalias de ambos bandos, es
muy inferior a las que se producirían
inmediatamente en la Segunda Guerra
Mundial y en los sucesivos sistemas
totalitarios. Por otra parte, esa guerra
civil puso fin a la larga serie iniciada
en 1808 y permitió el paso a un Estado
que lograrían un desarrollo económico,
jurídico e intelectual como España no
había conocido. La persecución religiosa
religiosa permitió también a la Iglesia ejecutar
cambios hacia nuevas actitudes más
abiertas en que los movimientos laicales
alcanzarían mayor protagonismo.
Es muy de lamentar que la lección
no se haya aprendido. A partir de los
años 50, un amplio proceso de reconciliación
se puso en marcha, dando
de este modo la sensación de que
antiguos rencores se habían superado.
Al invocar una memoria histórica que
falsea los hechos, se da la impresión de
que se pretende volver a los desdichados
enfrentamientos que hicieron casi
inevitable el 18 de julio. Alfonso XIII,
suspendiendo sus funciones, había tratado
de impedir el choque; fracasó en
esto. Pero Franco mantuvo siempre
el principio de que sólo la forma de
Estado monárquica era capaz de superar
los dolorosos frutos del odio. Esto
es lo que niegan sus enemigos de muy
distinto sesgo, volcando contra él ese
mismo odio. Tal vez estemos los españoles
condenados a repetir la Historia
que rechazamos.
Luis Suárez Fernández

No se ha aprendido la lección que la Historia dio, hace 70 años

No se ha aprendido la lección que la Historia dio, hace 70 años

26.07.08  www.alfayomega.es

Dieciocho de julio
La revista Humanitas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la que agradecemos la cortesía de permitirnos la reproducción, dedica su número de julio-septiembre a la guerra civil española. Recogemos a continuación algunos fragmentos de tres interesantes artículos. El primero, escrito por el académico de la Historia don Luis Suárez Fernández, repasa la etapa previa a la guerra civil. El segundo, del historiador don Pío Moa, explica la falta de democracia en las organizaciones de izquierdas. El tercero, del académico de la Lengua don Luis María Ansón, se refiere a la ideología de los republicanos

 

Se conmemoran en nuestros días los
setenta y cinco años del advenimiento
de la República, bajo un curioso
signo de contradicción, pues España
es una monarquía, a cuya legitimidad
histórica es preciso atribuir la paz conseguida
por medio de una transición hacia
sistemas democráticos y paneuropeos. Es
cierto que la República, implantada mediante
elecciones municipales que dieron
en el conjunto del país más votos monárquicos
que republicanos, aunque éstos se
impusieron en las grandes ciudades, fue
recibida en España con entusiasmo como
si ella fuese capaz de resolver los graves
problemas sociales y económicos. Se cometió
desde el primer momento un error:
confundir lo que es una forma de Estado
con un régimen político. De acuerdo
con este planteamiento, la República era
exclusivamente de izquierdas, debiendo
ser las derechas eliminadas. Las cosas
llegaron tan lejos que cuando, en 1933,
el voto ciudadano osciló hacia la derecha,
los socialistas se negaron a admitir que
pudiera ésta hacerse presente, ni siquiera
en uno o dos ministerios. De acuerdo con
su mentalidad, indujeron a sus seguidores
a tomar las armas y lanzarse a una
revolución (octubre de 1934), que fracasó,
entre otras razones porque había sido
improvisada.
De todas formas, la contienda parecía
inevitable por el nivel de odios y
represalias, entre las que se incluyeron
centenares de asesinatos y destrucción
de iglesias. Franco, que era el más
prestigioso de los generales, pidió al
ministro de la Guerra que detuviera el
desastre reuniéndose con los militares
para buscar una fórmula de restablecer
el orden y no fue escuchado. No tuvo
otro remedio que elegir y escogió, siendo
católico, el bando de los sublevados.
El Gobierno del Frente Popular no mostraba
preocupación por el proyecto; pensaba,
en buena lógica, que fracasaría, y
esto le daría los medios de una represión
definitiva. Contaba con medios económicos,
militares y de masas más que
suficientes.
De hecho, el alzamiento fracasó en
la mayor parte de España. Pero se pasó
a una guerra civil porque todos los elementos
situados fuera del Frente Popular
decidieron la resistencia. El Gobierno,
además, se vio desbordado, pues, para
socialistas, anarquistas y comunistas,
había llegado el momento de hacer la
revolución.
El 18 de julio de 1936 –hace setenta
años–, muerto además el jefe del
pronunciamiento, Sanjurjo, se inició la
Guerra Civil.
Conviene no exagerar. La proporción
de víctimas, en el combate o en
las represalias de ambos bandos, es
muy inferior a las que se producirían
inmediatamente en la Segunda Guerra
Mundial y en los sucesivos sistemas
totalitarios. Por otra parte, esa guerra
civil puso fin a la larga serie iniciada
en 1808 y permitió el paso a un Estado
que lograrían un desarrollo económico,
jurídico e intelectual como España no
había conocido. La persecución religiosa
religiosa permitió también a la Iglesia ejecutar
cambios hacia nuevas actitudes más
abiertas en que los movimientos laicales
alcanzarían mayor protagonismo.
Es muy de lamentar que la lección
no se haya aprendido. A partir de los
años 50, un amplio proceso de reconciliación
se puso en marcha, dando
de este modo la sensación de que
antiguos rencores se habían superado.
Al invocar una memoria histórica que
falsea los hechos, se da la impresión de
que se pretende volver a los desdichados
enfrentamientos que hicieron casi
inevitable el 18 de julio. Alfonso XIII,
suspendiendo sus funciones, había tratado
de impedir el choque; fracasó en
esto. Pero Franco mantuvo siempre
el principio de que sólo la forma de
Estado monárquica era capaz de superar
los dolorosos frutos del odio. Esto
es lo que niegan sus enemigos de muy
distinto sesgo, volcando contra él ese
mismo odio. Tal vez estemos los españoles
condenados a repetir la Historia
que rechazamos.
Luis Suárez Fernández

La nueva guerra civil que nos quieren imponer personajes como Carrillo y Rodríguez. A Carrillo le va la guerra civil, Stalin, etc, pues a sus 91 años nunca ha pedido perdón por los 2.000 torturados asesinados salvajemente en Paracuellos, tampoco ha pedido perdón por lo que relata de él Semprún en su libro, ni por su estalinismo, etc

La nueva guerra civil  que nos quieren imponer personajes como Carrillo y Rodríguez. A Carrillo le va la guerra civil, Stalin, etc, pues a sus 91 años nunca ha pedido perdón por los 2.000 torturados asesinados salvajemente en Paracuellos, tampoco ha pedido perdón por lo que relata de él Semprún en su libro, ni por su estalinismo, etc

En la guerra civil ambos bandos cometieron brutalidades y en la transición se llegó a la reconcialiciación con la Constitución de la Concordia de 1978. ¿para que mirar atrás tergiversando la historia?

En la revista www.alfayomega.es varios historiadores  dedican artículos a este tema

La nueva guerra civil

http://www.alfayomega.es/

28.07.06

Quieren imponernos de nuevo la guerra civil. Y quienes fuimos niños en ella, sin
ninguna responsabilidad en la locura que envolvió a nuestros mayores, debemos
alzar nuestra voz, por débil que ya sea, contra semejante monstruosidad. Recuperar la
memoria histórica no puede equivaler a resucitar cadáveres que creíamos bien enterrados
de uno y otro lado de las trincheras. Ni a leer de nuevo las infames excusas de quien
envió a Paracuellos del Jarama a dos mil presos nacionales que allí fueron bestialmente
asesinados. A los 91 años, parece que le habría llegado el tiempo de pedir perdón.
El mismo diario de amplia difusión donde esto fue otra vez escrito ha dedicado
media página a contarnos que «la Iglesia se volcó con los golpistas». Y no lo firma,
aunque mentira parezca, un libelista de cualquier rama del PCE, sino un catedrático
de Historia contemporánea de una Universidad española cuyo nombre omitiremos,
por piedad.
Don Antonio Montero, hoy arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, publicó en
1961 una Historia de la persecución religiosa en España, que fue difícil encontrar
luego, seguramente porque el autor favorecía la voluntad de olvido que iba, por fortuna,
consolidando la paz. Pero fue reimpresa, tres veces, a partir de 1999; muchos
querían saber. Según su estudio, en los casi tres años del choque armado, habían
sido asesinados en la zona roja (era su propia denominación, como bien recordó José
María García Escudero) trece obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 monjas.
Estas cifras no incluyen los millares de civiles que fueron paseados por confesar
sus creencias religiosas. Las formas de esos crímenes fueron, a menudo, particularmente
odiosas y aun repugnantes. Ante esta barbarie, la Iglesia no pudo ser neutral.
El niño de la guerra que aquí firma recuerda bien su segunda vivencia política, después de la primera que fue la llegada, zafia pero alegre (José Antonio Primo de Rivera dixit), de la Segunda República. Estaba en casa de unos primos que vivían en
lo que entonces era el Boulevard madrileño cuando empezó a salir humo de la vecina iglesia de la Flor. Algunos alegres republicanos se entretenían en quemar templos y conventos, menos de un mes después de que don Alfonso se hubiera ido sin resistencia…,
para evitar una guerra civil…

Roma ha sido sensible a aquellos sacrificios. Hasta hoy, 11 de los asesinados son ya santos; y nada menos que 468 han sido proclamados Beatos. La Congregación de las Causas de los Santos sigue trabajando; y seis recientes Decretos pontificios
incluyen los nombres de otros 150 futuros Beatos. Muchos más están siendo investigados, con el rigor que las diócesis españolas y la Santa Sede ponen al juzgar los méritos de quien puede ser llevado a los altares. Y ha de quedar perfectamente,
meridianamente, claro que ninguno de estos mártires lo fue por motivos temporales.

La Iglesia sólo exalta a cualquier grado de santidad a quienes murieron dando, con su sacrificio, claro testimonio de sus creencias religiosas. Las temporales o seculares han de ser juzgadas y valoradas por otros.

Carlos Robles Piquer

Proceso de propaganda. Para cuando quedó bien claro que ni el terrorismo callejero ni la extorsión se habían detenido, la opinión pública ya convivía de forma natural con la idea de que el Estado se sentara a la mesa con una banda de asesinos. ”

Proceso de propaganda. Para cuando quedó bien claro que ni el terrorismo callejero ni la extorsión se habían detenido, la opinión pública ya convivía de forma natural con la idea de que el Estado se sentara a la mesa con una banda de asesinos. ”

Proceso de propaganda
EDITORIAL 
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    “ Para cuando quedó bien claro que ni el terrorismo callejero ni la extorsión se habían detenido, la opinión pública ya convivía de forma natural con la idea de que el Estado se sentara a la mesa con una banda de asesinos.

http://www.libertaddigital.es/opiniones/opi_desa_32613.html

Desde antes incluso del anuncio del falso "alto el fuego" por parte de ETA estamos asistiendo a un proceso de rendición para cuyo avance el Gobierno, el PSOE y sus grupos mediáticos afines están acometiendo una delicada operación propagandística que haga soportables y hasta admisibles las cesiones que piensan llevar a cabo. Las negativas categóricas pasan a ser matizadas, para que incluso los menos afines empiecen a entrar en la discusión de aquello que era indiscutible. De ese modo, lo impensable pasa a ser pensado y el escándalo que pudiera producir su materialización, manejable.

Acabamos de ver un claro ejemplo. Si buena parte de la opinión pública se rebela contra el proceso ante las imágenes de Txapote ejerciendo de lo que es, es decir, de etarra; y conscientes como somos todos de que una de las primeras exigencias de ETA será una amnistía de sus presos, López Aguilar acude raudo a precisar que esas medidas no le llegarían ni a él ni a otros "psicópatas", dando a entender que a otros terroristas sí. De ese modo, pasamos del debate sobre si hay que perdonar a algunos etarras y a otros no, cuando antes se hablaba sobre la victoria sin precio de ningún tipo sobre el terrorismo nacionalista vasco, lo que incluía no adoptar ninguna medida de gracia a favor de ninguno de los integrantes de la banda terrorista.

La más clara muestra de este mecanismo de propaganda, no obstante, la hemos tenido en el "proceso de verificación" del falso "alto el fuego". Nadie consideraba admisible un proceso de diálogo con una banda terrorista en activo, de modo que Zapatero fue el primero en asegurar que jamás se llevaría a cabo si los etarras continuaban ejerciendo su profesión. Como garantía propuso –y no se rían que hubo quien se lo tomó en serio– que el portavoz de los GAL, Alfredo Pérez Rubalcaba, verificaría que efectivamente habían dejado de actuar. De modo que, tras tan solemne declaración, comenzó la discusión sobre el momento en que empezarían las conversaciones y sobre qué iban a versar. Un diálogo que antes era impensable, ahora se pensaba y editorializaba. Y cuando quedó bien claro que ni el terrorismo callejero ni la extorsión se habían detenido, y que además las conversaciones habían comenzado mucho tiempo atrás, la opinión pública ya convivía de forma natural con la idea de que el Estado se sentara a la mesa con una banda de asesinos. El escándalo ya era manejable.

Hay, desde luego, más ejemplos; el "proceso" está plagado de ellos. Y es que ante semejante exhibición de poderío en la manipulación de la opinión pública, el PP se muestra completamente impotente. Dada la clara inferioridad en la artillería mediática, Mariano Rajoy debería encargarse personalmente de explicar todo esto a los ciudadanos en lugar de enredarse en elucubraciones sobre "precios políticos" que nadie entiende ni sabe qué son. Aunque casi parece más bien que él ha sido el primero en caer en las redes de la propaganda y en pensar y discutir sobre aquello que era impensable e imposible de mencionar entre personas de bien hace apenas unos meses.

  Podcast de LD: Escuche el editorial del día en su MP3

    * (28-07-2006) Rescate de un cobarde infame
    * (27-07-2006) ZP, pendiente del visto bueno de Hezbolá
    * (27-07-2006) Derroche de cursilería
    * (26-07-2006) Memoria Histórica: mirando atrás
    * (26-07-2006) Txapote y la indigna "contención" de ZP
    * (25-07-2006) Israel y la última infamia del PSOE
    * (25-07-2006) Nueva cesión ante Marruecos
    * (24-07-2006) Pacifismo antisemita
    * (24-07-2006) El Tribunal Constitucional bajo la amenaza etarra
    * (23-07-2006) Ahora el Sáhara
    * (22-07-2006) No sin mis cocineros
    * (21-07-2006) Antisemitismo socialista en las calles
    * Otros artículos

Hacia la hora de la verdad

Hacia la hora de la verdad

Lorenzo Contreras 

http://www.estrelladigital.es/a1.asp?sec=opi&name=contreras&fech=29/07/2006
 
Todo da la sensación de estar pactado entre Zapatero y ETA. Incluso las oscilaciones de Garzón, reincorporando al Juzgado numero 5 de la Audiencia Nacional para apartar al incontrolable Grande-Marlaska, forman parte del guión trazado. Don Baltasar pasa del caliente al frío porque seguramente así está convenido. Pero lo relevante y significativo, en grado mayor, es lo manifestado por el ministro de Justicia, López Aguilar, cuando ha distinguido entre etarras abominables y menos abominables, con ‘Txapote’ como primera referencia. No lo ha dicho así, pero se le ha entendido perfectamente. Y casi en la misma línea de hacer ver que la legalidad tiene sus excepciones —siempre obviando en algún momento la claridad de esta posición—, el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Jiménez, en declaraciones a Deia, periódico nacionalista vasco, ha dicho ambiguamente que “nuestro deber es saber lo que está pasando”. No ha dicho “saber lo que ha ocurrido” para juzgarlo, sino “lo que está pasando”, lo que va evolucionando a tenor de las circunstancias. Sin embargo, el magistrado, en otro momento de la entrevista, es más explícito, diríase que deslumbrantemente claro, cuando sostiene que “el principio de la justicia es el principio de la legalidad, y esto puede llegar a ser inoportuno”. Y por si hacía falta mayor precisión, el magistrado ha añadido que “una vez dictadas las sentencias se abre una fase de adecuación de lo juzgado donde reina, o puede reinar, la oportunidad, sin mengua de la legalidad, porque hay un elemento que es el indulto, que no es arbitrario ni general, y que depende del poder Ejecutivo”. ¿Está claro? Pues por si acaso no lo está, tras esta lección de derecho procesal penal, el señor Jiménez concluye: “Esto puede suponer tragar algunos sapos, pero es legal”.

Ahí queda eso.

Ya se sabe que Zapatero ha establecido en el plazo de un año el momento de la gran decisión sobre los acuerdos con ETA, pero ha advertido que previamente nada se va a saber, porque “cultivaremos el silencio, que es la mejor plataforma para el diálogo”, o incluso el hecho de que el silencio durara sería la mejor señal.

El presidente del Gobierno ha facilitado estas confidencias sobre sus intenciones a un grupo de periodistas en conversación informal. Los interlocutores serán escogidos sobre la base de la mayor discreción porque rinden un servicio al Estado y “hay que preservarlos”, según las propias palabras de ZP. Mientras tanto, el portavoz popular en el Senado, Pío García Escudero, que acusó a ZP de traidor y de “jugar a dos bandas”, apoyó su duro reproche en el hecho de que el PSE (Partido Socialista de Euskadi) “estaba hablando con Batasuna cuando el presidente estaba votando la Ley de Partidos”. Y apoyándola, por supuesto. De manera que García Escudero no dudó en referirse a los pactos que Zapatero puede tener concertados con Batasuna o con ETA, ya que, según el portavoz, que hablaba en un acto de su partido en Las Rozas, Zapatero “no ha desmentido nada sobre la anexión de Navarra o el derecho de autodeterminación, que rompe el modelo de Estado”.

Las informaciones que el mundo etarra recoge al respecto en sus órganos de expresión se caracterizan ahora por una calma asombrosa. Apenas asoman críticas. No parece sino que estas actitudes de no solivianto, incluso cuando detienen a algún militante, pertenecen al marco de lo convenido. Podría decirse sin riesgo de error que el llamado “proceso” va sobre rieles seguros y responde a lo que ETA manifestó recientemente a través de Gara: que existen entre las partes —Gobierno y ETA— “compromisos y garantías”, y que tales realidades, que la banda da por firmes, deben ser tenidas en cuenta y respetadas a la hora de la verdad. Que es, como se sabe, la hora en que el torero entra a matar al toro. Al toro ibérico.
 
 

ANTEPROYECTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA

ANTEPROYECTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA  La condición de víctimas, reducida a las del bando republicano
 
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276284549.html

El Gobierno pretende unificar la condición de víctima del franquismo con la de víctima de la guerra civil, con lo cual reduce esta última condición a las víctimas de un solo bando, el republicano. El anteproyecto aprobado este viernes en Consejo de Ministros contempla que "las víctimas de la guerra y de la represión franquista o sus familiares podrán pedir su reparación moral mediante una declaración pública de reconocimiento que resolverá una comisión nombrada por el Parlamento". No se reconocen los asesinatos contra el clero, las checas, la brutal represión republicana, paracuellos o las mantanzas internas dentro del propio bando. 

L D (EFE) El título definitivo de la norma es "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", denominación a la que fuentes gubernamentales dan gran importancia porque "reafirma el espíritu y objetivo de la ley".

A lo largo de 25 artículos, tres disposiciones adicionales y tres finales, el proyecto recoge las medidas con las que el Gobierno pretende "la reparación de estas personas desde una filosofía de concordia y conciliación" y "sin pretensión alguna de reescribir" la historia o volver a interpretarla.

La memoria económica que acompaña al proyecto prevé que su aplicación tenga un coste global de 60 millones de euros, ya que incorpora la ampliación del ámbito de aplicación y la cuantía de pensiones e indemnizaciones a estas víctimas, así como a las de la última etapa del franquismo y los primeros años de la Transición.

El Valle de los Caídos, lugar de "culto permanente"

Además de un "reconocimiento general", se establece un procedimiento para conseguir una declaración individual de reparación, que será de índole moral y no económica, y que podrán hacer los propios afectados o sus familiares, en caso de que hayan fallecido. Las solicitudes se dirigirán a una Comisión Interministerial que tramitará los expedientes, si bien su resolución definitiva correrá a cargo de una comisión integrada por cinco personas "de reconocido prestigio en el ámbito de las Ciencias Sociales", designados por mayoría cualificada de tres quintos del Parlamento.

Se incorpora también un capítulo dedicado a los símbolos y monumentos públicos, que establece la retirada de placas o escudos que exalten sólo a una de las dos partes contendientes en la guerra, y especifica el régimen de uso del Valle de los Caídos, donde prohíbe los actos políticos o franquistas.

La localización, identificación y exhumación de víctimas de la guerra también se regula ahora, obligando a las administraciones públicas -comunidades autónomas y ayuntamientos- a facilitar las tareas para recuperar los cuerpos de los fallecidos en la contienda, fusilados y desaparecidos. 

ANTEPROYECTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA

ANTEPROYECTO DE LA MEMORIA HISTÓRICA

http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276284549.html

La condición de víctimas, reducida a las del bando republicano

El Gobierno pretende unificar la condición de víctima del franquismo con la de víctima de la guerra civil, con lo cual reduce esta última condición a las víctimas de un solo bando, el republicano. El anteproyecto aprobado este viernes en Consejo de Ministros contempla que "las víctimas de la guerra y de la represión franquista o sus familiares podrán pedir su reparación moral mediante una declaración pública de reconocimiento que resolverá una comisión nombrada por el Parlamento". No se reconocen los asesinatos contra el clero, las checas, la brutal represión republicana, paracuellos o las mantanzas internas dentro del propio bando.

L D (EFE) El título definitivo de la norma es "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", denominación a la que fuentes gubernamentales dan gran importancia porque "reafirma el espíritu y objetivo de la ley".

A lo largo de 25 artículos, tres disposiciones adicionales y tres finales, el proyecto recoge las medidas con las que el Gobierno pretende "la reparación de estas personas desde una filosofía de concordia y conciliación" y "sin pretensión alguna de reescribir" la historia o volver a interpretarla.

La memoria económica que acompaña al proyecto prevé que su aplicación tenga un coste global de 60 millones de euros, ya que incorpora la ampliación del ámbito de aplicación y la cuantía de pensiones e indemnizaciones a estas víctimas, así como a las de la última etapa del franquismo y los primeros años de la Transición.

El Valle de los Caídos, lugar de "culto permanente"

Además de un "reconocimiento general", se establece un procedimiento para conseguir una declaración individual de reparación, que será de índole moral y no económica, y que podrán hacer los propios afectados o sus familiares, en caso de que hayan fallecido. Las solicitudes se dirigirán a una Comisión Interministerial que tramitará los expedientes, si bien su resolución definitiva correrá a cargo de una comisión integrada por cinco personas "de reconocido prestigio en el ámbito de las Ciencias Sociales", designados por mayoría cualificada de tres quintos del Parlamento.

Se incorpora también un capítulo dedicado a los símbolos y monumentos públicos, que establece la retirada de placas o escudos que exalten sólo a una de las dos partes contendientes en la guerra, y especifica el régimen de uso del Valle de los Caídos, donde prohíbe los actos políticos o franquistas.

La localización, identificación y exhumación de víctimas de la guerra también se regula ahora, obligando a las administraciones públicas -comunidades autónomas y ayuntamientos- a facilitar las tareas para recuperar los cuerpos de los fallecidos en la contienda, fusilados y desaparecidos.